Un magistrado federal en Seattle dictó una orden de restricción temporal que impide la implementación de una orden ejecutiva reciente emitida por el exmandatario Donald Trump. Esta medida buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, provocando una fuerte controversia y una amplia oposición por parte de organizaciones de derechos civiles, fiscales generales y varios estados dirigidos por demócratas.
Un juez federal de Seattle emitió una orden de restricción temporal que bloquea la aplicación de una reciente orden ejecutiva promulgada por el expresidente Donald Trump. La medida pretendía limitar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, lo que generó una intensa polémica y un amplio rechazo entre grupos de derechos civiles, fiscales generales y varios estados liderados por demócratas.
Detalles de la orden ejecutiva
Bases constitucionales
La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, declara que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde habitan». Este principio ha sido ratificado en veredictos anteriores del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que validó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los descendientes de inmigrantes.
Diversos grupos, incluidos 22 fiscales generales estatales y diferentes organizaciones de derechos civiles, calificaron de inmediato la orden ejecutiva como inconstitucional. Argumentaron que el presidente carece de potestad para modificar o derogar una enmienda constitucional.
Primer fallo judicial
El magistrado federal John Coughenour, al dictar su orden de restricción, describió la medida de Trump como «abiertamente inconstitucional». La querella presentada en Seattle fue promovida por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, quienes afirman que la orden infringe derechos esenciales y podría tener un impacto considerable en las jurisdicciones locales, como la pérdida de financiación federal para programas infantiles.
Asimismo, un grupo de 18 estados interpuso una demanda similar en Massachusetts, alegando que la orden no solo infringe los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos indebidos a las comunidades afectadas.
Además, una coalición de 18 estados presentó una demanda similar en Massachusetts, alegando que la orden no solo viola los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos indebidos a las localidades afectadas.
La ciudadanía por nacimiento ha sido un principio esencial en Estados Unidos desde la adopción de la 14ª Enmienda. La enmienda fue creada para asegurar que los afroamericanos liberados tras la abolición de la esclavitud fueran reconocidos como ciudadanos plenos. Desde entonces, ha sido un componente clave de la identidad constitucional del país.
Aunque durante su primer mandato Trump había advertido con adoptar medidas para restringir este derecho, nunca las llevó a cabo. La reciente orden ejecutiva marca el primer intento formal de reducir este principio a través de una acción directa del Ejecutivo, generando una serie de reacciones legales y políticas.
La controversia sobre la ciudadanía por nacimiento
Los defensores de las políticas migratorias restrictivas sostienen que la ciudadanía por nacimiento fomenta el «turismo de natalidad» y la inmigración irregular, argumentando que muchas mujeres embarazadas cruzan la frontera con la intención de que sus hijos nazcan en Estados Unidos y adquieran automáticamente la ciudadanía. Sin embargo, expertos constitucionales y juristas han manifestado que cualquier modificación a este principio requeriría una enmienda constitucional o un fallo del Tribunal Supremo, y no puede ser aplicada unilateralmente por el presidente a través de una orden ejecutiva.
Consecuencias futuras
La decisión del magistrado Coughenour señala el comienzo de lo que se prevé será una prolongada disputa legal sobre la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas progresen en el sistema judicial, se anticipa que el caso llegará finalmente al Tribunal Supremo, donde se decidirá la constitucionalidad de esta polémica medida.
El fallo del juez Coughenour marca el inicio de lo que se anticipa será una larga batalla legal en torno a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas avancen en el sistema judicial, se espera que el caso llegue eventualmente al Tribunal Supremo, donde se determinará la constitucionalidad de esta controvertida medida.
La decisión del tribunal de Seattle refleja el compromiso continuo de los estados y grupos de derechos civiles por defender los principios constitucionales establecidos y proteger los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, la política de Trump sigue siendo objeto de un intenso debate nacional, con implicaciones profundas para la identidad y los valores democráticos del país.
