El concepto de «pérdidas y daños» en el ámbito climático

Qué significa “pérdidas y daños” en discusiones climáticas

Pérdidas y daños constituye un eje clave dentro de las negociaciones climáticas internacionales y alude a aquellos efectos adversos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación ni abordarse por completo a través de la adaptación. Abarca tanto pérdidas económicas, como impactos en infraestructuras, merma agrícola o gastos de reconstrucción, así como pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de comunidades, la desaparición de expresiones culturales, la pérdida de biodiversidad y la afectación de derechos territoriales.

De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación

  • Mitigación: acciones orientadas a disminuir la liberación de gases de efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura global.
  • Adaptación: iniciativas destinadas a minimizar la exposición al riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a efectos previstos, como la construcción de diques, el desarrollo de cultivos más resistentes y la implementación de sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: consecuencias residuales que persisten a pesar de los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como afectaciones súbitas o irreversibles que no pueden compensarse por completo.

Tipos de daños y perjuicios

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de devastar la infraestructura en tan solo unas horas.
  • Procesos lentos: el incremento del nivel del mar, la erosión de las zonas costeras, la salinización, las sequías prolongadas y la disminución gradual de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: costos inmediatos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos forzados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y repercusiones sociales de gran alcance.

Circunstancias y datos que ponen de manifiesto la problemática

  • Inundaciones en Pakistán (2010): alcanzaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en viviendas y cultivos; informes internacionales señalaron vastos grupos desplazados y daños valorados en miles de millones de dólares.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un alto número de fallecidos, arrasó infraestructura esencial y produjo impactos económicos estimados en miles de millones de dólares, además de un prolongado desafío humanitario.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): ocasionó la caída de servicios fundamentales y daños calculados en decenas de miles de millones de dólares según diversas evaluaciones; evidenció cómo los fenómenos extremos pueden originar crisis de salud pública y desplazamientos internos.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y reducción de tierra habitable, lo que obliga a planificar reubicaciones tanto nacionales como transnacionales.
  • Sequías y agricultura: en áreas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías continuas y plagas ligadas al clima reducen los ingresos agrícolas, intensifican la inseguridad alimentaria y estimulan movimientos migratorios.

Entorno internacional y ámbito político

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el tema de las pérdidas y los daños ha figurado durante años en las negociaciones; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el propósito de coordinar análisis y brindar apoyo técnico.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron establecer un fondo destinado a abordar pérdidas y daños, centrado principalmente en apoyar a las naciones en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. Para ponerlo en marcha es necesario definir su modelo de gobernanza, las fuentes de financiamiento y los criterios de acceso.
  • Tensión política: continúa el desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si este respaldo debe entenderse como reparación, compensación o un gesto de solidaridad; algunos temen incurrir en responsabilidades legales mientras otros exigen justicia climática.

Evaluación, atribución y apreciación de valor

  • Ciencia de atribución: permite estimar cuánto contribuyó el cambio climático inducido por el ser humano a la probabilidad o intensidad de un evento extremo; esto ayuda a fundamentar decisiones de financiamiento, aunque no siempre es concluyente para cada caso.
  • Valoración económica: medir costos directos es más sencillo (infraestructura, producción), pero valuar pérdidas no económicas —identidad, tradiciones, biodiversidad— es complejo y a menudo insuficiente en términos monetarios.
  • Brechas de datos: países con poca capacidad estadística tienen dificultades para cuantificar daños y justificar solicitudes de apoyo, lo que agrava la desigualdad en el acceso a recursos.

Mecanismos de respuesta y financiamiento

  • Prevención y reducción del riesgo: fomento de infraestructura más resiliente, planificación territorial adecuada y restauración de ecosistemas clave.
  • Mecanismos de seguro: coberturas nacionales y fondos regionales frente a desastres (por ejemplo, instrumentos activos en el Caribe y el Pacífico) que permiten liberar recursos con rapidez tras eventos extremos.
  • Financiamiento internacional: contribuciones no reembolsables, préstamos en condiciones ventajosas, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en foros globales.
  • Medidas innovadoras: opciones como impuestos al carbono, tarifas para el transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada propuesta genera debates sobre equidad y eficacia.

Retos prácticos y éticos

  • Equidad: los países que menos han aportado al calentamiento suelen enfrentar los efectos más duros; existe un sólido fundamento moral para impulsar transferencias financieras del Norte global hacia el Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la petición de resarcir daños históricos se topa con la renuencia de ciertos Estados a asumir obligaciones legales y económicas.
  • Implementación operativa: es necesario precisar quién podrá utilizar el fondo, cómo se establecerán las prioridades, de qué manera garantizar transparencia y cómo asegurar que los recursos alcancen efectivamente a las comunidades perjudicadas.
  • Pérdidas no asegurables: algunos perjuicios, como la desaparición de territorios insulares o de la identidad cultural, no pueden resolverse únicamente con dinero; requieren respuestas políticas más complejas, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.

Buenas prácticas y propuestas

  • Combinar enfoques: prevención, preparación, seguros y financiamiento a largo plazo para cubrir tanto pérdidas económicas como inversiones en resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incluir a pueblos indígenas y comunidades locales en diseño y ejecución de medidas para asegurar relevancia cultural y efectividad.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y seguimiento del uso de fondos.
  • Soluciones regionales: cooperar en fondos y compras de cobertura regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños revelan un punto decisivo: el cambio climático provoca ya consecuencias que numerosas comunidades no logran revertir por sí mismas. Afrontar este escenario exige articular la ciencia de atribución, políticas financieras justas, acciones orientadas a reducir riesgos y un enfoque sustentado en derechos humanos que posibilite generar respuestas legítimas y efectivas para quienes encaran las mayores dificultades.

Por Camila Santacruz